La Fundación Empodérame, participó en el Segundo Comité Técnico de Implementación de la Ley 2292 de 2023, conocida como la Ley de Utilidad Pública. Este comité, convocado de manera virtual, contó con la presencia de coordinaciones de todas las sedes de la Fundación, quienes se sumaron a este importante espacio de diálogo y colaboración.
En este encuentro, organizado por el equipo del Ministerio de Justicia y del Derecho, se abordaron temas cruciales relacionados con la implementación de la ley, la cual busca ofrecer alternativas de sustitución de la pena de prisión para mujeres cabeza de familia. La participación de las coordinaciones de las sedes de Cartagena, Cúcuta, San Pedro Valle y Cali, esta última con el enlace encargado de la interlocución entre el Ministerio y la Fundación Empodérame, el asesor Andrés Mauricio Soto, fue fundamental para enriquecer el debate y avanzar en los objetivos planteados.
Durante el desarrollo del comité, se lograron identificar las líneas estratégicas para la implementación efectiva de la ley y se evaluó el estado actual de su aplicación. Se destacó la importancia de responder a las valiosas preguntas planteadas por la Fundación Empodérame y otras organizaciones de la sociedad civil, así como la colaboración del Ministerio al brindar herramientas y orientación para garantizar una adecuada implementación de lo que se conoce como el Sistema de Utilidad Pública.
Previo al Comité, se realizó una formación y actualización al personal de la Fundación Empodérame. Dicho taller virtual fue dirigido por la Trabajadora Social y Coordinadora del área de Proyección social, Valentina Bobb, y el asesor jurídico, Andrés Mauricio Soto, resolviendo dudas de los y las profesionales que estarán trabajando de la mano con las mujeres cabeza de familia que se beneficien de la ley.
La Fundación Empodérame reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y su participación en iniciativas que promuevan la justicia social y la garantía de sus Derechos Humanos. Continuaremos trabajando de la mano con las autoridades y otros actores de la sociedad civil para asegurar que las mujeres cabeza de familia tengan acceso a esta alternativa que les permitan reconstruir sus vidas de manera digna y productiva.
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