Desde la Fundación Empodérame y en mi calidad de defensora de derechos humanos, quiero hablarles de algo que nos ha causado mucho daño y dolor: las afirmaciones infundadas y malintencionadas publicadas por la Imprenta Republicana (@LaNacionPopular). Este escrito tiene como objetivo aclarar los hechos, desmontar las falsedades y reafirmar el compromiso con la verdad y la justicia.
¿Quién es Imprenta Republicana?
Imprenta Republicana (@LaNacionPopular) es una plataforma de redes sociales que se presenta como un medio independiente, pero ha demostrado tener vínculos con figuras cercanas al gobierno colombiano, como lo evidencian colaboraciones públicas con Sofía Petro Alcocer. Su contenido, mayormente anónimo, se enfoca en defender políticas gubernamentales y atacar a quienes critican dichas posturas, a menudo utilizando desinformación y tácticas de difamación para desacreditar a defensores de derechos humanos y líderes sociales.
¿Por qué me atacaron a mí y a la Fundación Empodérame?
El ataque hacia mí por parte de Imprenta Republicana tiene origen en la carta pública enviada por Margarita Rosa de Francisco al presidente Gustavo Petro, en la que se reconocía mi trabajo como experta en la lucha contra la trata de personas y se pedía que se me tuviera en cuenta en las políticas públicas relacionadas con esta problemática. Este gesto, lejos de ser una afrenta política, fue un reconocimiento legítimo a mi trayectoria como defensora de derechos humanos y como una de las voces más activas en la lucha contra la explotación sexual y la trata. Sin embargo, esta carta tocó intereses que buscan deslegitimar enfoques basados en los derechos de las mujeres, tergiversando mi postura para presentarla como un ataque a políticas progresistas, cuando en realidad está fundamentada en estándares internacionales de derechos humanos.
El ataque específico responde a una estrategia utilizada contra quienes cuestionan o disienten de ciertas políticas gubernamentales, especialmente cuando estas afectan temas sensibles como la explotación sexual. Imprenta Republicana, con su clara afinidad hacia el gobierno, no solo buscó desacreditarme personalmente, sino también desviar la atención del mensaje central de la carta: la necesidad de priorizar la defensa de las víctimas y garantizar que las políticas públicas sobre trata y explotación estén lideradas por personas con experiencia en el tema. Este ataque se inserta en un contexto de hostilidad hacia las voces independientes, como la mía, que trabajan para garantizar los derechos humanos desde una posición crítica y fundamentada.
Acción legal y el derecho al escrache
Después de enfrentar estas violencias, interpuse una acción de tutela para exigir la rectificación por parte de Imprenta Republicana, pero esta fue declarada improcedente, recomendándome acudir a la justicia penal. Sin embargo, quiero hacerlo público porque considero que, ante el poder de portales como este, el escrache es una herramienta legítima para visibilizar la violencia ejercida contra lideresas sociales cuando no es posible acudir a los canales judiciales tradicionales. Este caso refleja cómo desde el poder se puede silenciar a quienes trabajamos por los derechos humanos.
¿De qué me acusa el portal oficialista del gobierno Petro?
Acusación de ser "anti derechos"
La mentira: Me califican de "anti-derechos" por promover el modelo abolicionista frente a la explotación sexual.
La verdad: El modelo abolicionista, adoptado por países como Suecia, Francia y Canadá, está respaldado por instrumentos internacionales como la Recomendación General Nº 38 de la CEDAW (2020), que insta a desincentivar la demanda que propicia la trata de personas. Este enfoque no criminaliza a las personas en situación de prostitución, sino que ataca las estructuras de explotación y fomenta la igualdad sustantiva.
Confusión entre Prostitución y explotación sexual
La mentira: Se me acusa de “confundir” prostitución con explotación sexual, estigmatizando así a las trabajadoras sexuales.
La verdad: Mi lucha es contra la explotación sexual y sus consecuencias en la vida de las mujeres. Reconozco las diferencias entre ambas realidades, pero criticó el sistema que normaliza la explotación. El abolicionismo no busca criminalizar, sino ofrecer alternativas dignas y reales para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Cuestionamientos sobre las políticas trans
La mentira: Me acusan de transfobia por defender la exclusividad de algunos espacios para mujeres.
La verdad: Defender espacios exclusivos para mujeres no es transfobia, sino una medida de equidad reconocida en jurisprudencia como la diferenciación razonable (Sentencia C-804 de 2006, Corte Constitucional de Colombia). Estas acciones buscan garantizar justicia en contextos donde las mujeres enfrentan desigualdades específicas.
Imputación de vínculos con ideologías de ultraderecha
La mentira: Me vinculan con partidos políticos de ultraderecha, como VOX, y me acusan de recibir financiamiento de la ultraderecha española.
La verdad: No tengo relación alguna con partidos políticos. Mi participación en eventos internacionales fue en calidad de defensora de derechos humanos, promoviendo el diálogo y la justicia social. Acusar sin pruebas vulnera mis derechos al buen nombre y la honra (artículo 15 de la Constitución de Colombia).
Relación con la Secretaría de las Mujeres de Medellín
La mentira: Se presenta una fotografía de una reunión personal con una amiga feminista para asociarme con posturas partidistas.
La verdad: Mi reunión con Manuela Restrepo en 2022 fue de carácter personal y no oficial. Ser reconocida por instituciones públicas como defensora de derechos humanos no implica filiación política. Además, la publicación de esta información sin contexto representa una invasión a mi privacidad.
Vínculos de @LaNacionPopular con figuras gubernamentales
La mentira: Se presentan como un medio independiente y “anónimo”, acusando sin pruebas a otros de afiliaciones políticas.
La verdad: Existen evidencias públicas, como un tuit de Sofía Petro Alcocer, hija del presidente Gustavo Petro, que confirman vínculos entre @LaNacionPopular y figuras cercanas al gobierno actual. Este hecho desmiente su afirmación de independencia y revela una falta de transparencia.
Un discurso de odio que pone en peligro a las lideresas sociales
La Imprenta Republicana no solo ha utilizado la injuria, sino que se ha valido de estrategias mediáticas como la creación de redes de acoso (trolls) para atacar a líderes sociales, especialmente a mujeres que trabajan en la defensa de los derechos humanos. Este discurso de odio no solo busca deslegitimar nuestra labor, sino también silenciar mediante el miedo, exponiendo a quienes alzan la voz a riesgos reales y tangibles. Esta dinámica genera un entorno hostil que debe ser visibilizado y rechazado por la sociedad en su conjunto.
Después de este ataque, hemos enfrentado múltiples agresiones que van desde amenazas directas contra mi vida y la de mi equipo, hasta actos de vandalismo en nuestras sedes. En un acto particularmente doloroso, mis padres se vieron forzados a desplazarse del Cauca debido a la intensificación del riesgo en la zona. Además, la exposición mediática generada por estos ataques ha abierto oportunidades para que actores armados, como guerrillas y otros grupos ilegales, exacerben la violencia en nuestra contra. Incluso desde sectores de la izquierda extrema, que deberían estar comprometidos con la defensa de los derechos humanos, hemos enfrentado discursos discriminatorios que refuerzan las dinámicas de exclusión y peligro hacia quienes defendemos causas esenciales.
Este tipo de persecución no solo es un ataque personal, sino un atentado contra los derechos humanos y la democracia misma, que requiere una respuesta contundente de las instituciones y de la sociedad civil.
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