Empodérame ha llevado la incidencia al Congreso de la República con el fin de visibilizar las deficiencias graves en la respuesta institucional a este delito.
El Proyecto de Ley anti trata es la iniciativa que pretende actualizar la Ley 985 de 2005, con el fin de fortalecer la lucha contra el delito de trata de personas en Colombia e integrar en ella las nuevas modalidades de operar mediante entornos digitales. La comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto presentado por la Senadora Sonia Bernal, la Representante Jennifer Pedraza y el ponente Senador Carlos Fernando Motoa.
Aunque en Colombia existe una Ley contra la trata de personas desde 2005, solo se había aprobado una actualización, ahí radica la necesidad de robustecer la normativa vigente que permita a las autoridades prepararse para la lucha contra este flagelo y que contemplen apartados contra nuevas modalidades, como lo es la trata por medios digitales, señalada por el Ministerio del Interior como: “una forma de esclavitud moderna que atenta contra los derechos fundamentales, en la medida en que sus víctimas pierden la libertad y la voluntad de acción sobre sí mismos y sobre su vida, pasando a ser objetos de explotación y lucro para los tratantes”
El proyecto había sido radicado en septiembre de 2024 para el cual ocurrió una audiencia pública que contó con la participación e intervención de lideresas, organizaciones e instituciones involucradas o competentes para la lucha anti trata de personas. En ese momento la solicitud general fue un llamado al Estado y el Gobierno Nacional a dar cumplimiento a la Ley Contra la trata de personas, calificada como la mejor de América Latina, y a los acuerdos internacionales como el de la Convención de Palermo, a los que se ha adherido el país.
Algunos de los datos presentes en el documento de la ponencia dan un panorama sobre la violencia, el concepto de trata de personas, o el componente de género detrás de la trata. Por ejemplo, las cifras de la Estadística Delictiva de la Policía Nacional que registró más de 28.000 casos de delitos sexuales, entre los cuales, cerca de 500 se relacionaban con conductas que directa o indirectamente hacían parte de las redes de trata, como es el caso de la prostitución, la pornografía o el uso de diferentes medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales.
También considerar como formas de esta conducta el reclutamiento forzado y el uso de menores de edad por grupos armados ilegales, que emplean a los menores de edad para satisfacer necesidades sexuales, económicas y de seguridad, afectando mayormente el grupo etario de menores de edad entre los 14 y los 17 años.
Por su parte, el Grupo de Lucha Contra la Trata de Personas de la Fundación PARES, indicó que en 2022 el 82% de las víctimas de estos delitos eran mujeres y su finalidad solía ser en un 73% la explotación sexual, un ejemplo del componente de género en la trata de personas.
Empodérame ha llevado la incidencia al Congreso de la República con el fin de visibilizar las deficiencias graves en la respuesta institucional a este delito. En el marco del debate del Proyecto de Ley que busca actualizar la normativa contra la trata de personas, hemos tenido diálogos, sensibilizaciones, reuniones de trabajo y presentamos el informe Deficiencias Graves en la Respuesta Institucional a la Trata de Personas en Colombia, un documento que expone la negligencia del Estado frente a las víctimas y la necesidad urgente de medidas efectivas de protección, asistencia y acceso a la justicia.
El proyecto de ley, que pretende modificar la Ley 985 de 2005, busca fortalecer la respuesta estatal ante la trata de personas, incluyendo su manifestación a través de medios digitales. Empodérame ha sido una de las organizaciones que han incidido en la formulación de esta iniciativa, promoviendo la inclusión de una perspectiva derechos humanos, y garantizando que las voces de las sobrevivientes sean el eje central de la discusión.
Durante nuestra incidencia en el Congreso, también presentamos los fallos de tutela y decisiones de la máxima corte, que reflejan el abandono sistemático de las víctimas por parte de las entidades responsables. Uno de estos casos es el de Ana María Suárez, una sobreviviente de trata que tuvo que acudir a la justicia para exigir su derecho a protección y asistencia. A pesar de haber ganado la tutela en primera y segunda instancia, el Estado no ha garantizado plenamente su recuperación ni su acceso a medidas de reparación integral.
Otro caso emblemático es el de Luisa Gómez, quien fue obligada a transportar estupefacientes bajo amenaza de sus explotadores y, en lugar de recibir protección como víctima de trata, enfrentó un proceso penal injusto. Su caso se cerró con una preclusión de investigación, pero el daño causado por la criminalización de su situación persiste.
La lucha legal también alcanzó la Corte Constitucional, donde logramos un fallo favorable para una acción de tutela que interpuso Empodérame en defensa de una víctima que el Ministerio de Relaciones Exteriores había dejado en el abandono. Esta decisión representa un precedente importante, pues obliga a la Cancillería a garantizar la protección de colombianas víctimas de trata en el exterior.
En Barranquilla y Medellín, las autoridades locales también han sido objeto de fallos de tutela que las obligan a brindar apoyo a sobrevivientes de trata. Sin embargo, la falta de cumplimiento efectivo sigue siendo un obstáculo para la reparación de estas mujeres, quienes enfrentan barreras constantes para acceder a sus derechos.
El proyecto de ley que se debate actualmente en el Congreso representa una oportunidad histórica para corregir estas falencias. La senadora Sonia Bernal, junto con la representante Jennifer Pedraza y el senador Carlos Fernando Motoa, han impulsado esta iniciativa con cinco ejes principales:
Adaptación penal a los nuevos retos tecnológicos y recomendaciones internacionales.
Fortalecimiento del diseño institucional para la lucha contra la trata.
Garantía de medidas de protección y asistencia para las víctimas.
Ataque a las economías del delito, asegurando que los responsables sean sancionados de manera efectiva.
Participación ciudadana y académica, permitiendo un mayor control y prevención del delito.
Desde Empodérame, celebramos este avance y reiteramos nuestro compromiso con la erradicación de la trata de personas en Colombia.
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