La trata de personas en Colombia: silencios institucionales
- Prensa Empoderame
- hace 4 días
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Desde la Fundación Empodérame, se advierte que, pese a los avances normativos, la respuesta del Estado frente a la trata de personas sigue siendo deficiente. Las víctimas son invisibilizadas, los captadores no son sancionados, y la atención integral es sostenida casi exclusivamente por las organizaciones de la sociedad civil.
La trata de personas con fines de explotación sexual, laboral o de otras formas de sometimiento humano no ha desaparecido. Por el contrario, ha mutado y se ha adaptado a nuevos escenarios como el espacio digital, el turismo sexual o las formas de explotación económica encubierta en discursos de libertad o emprendimiento. Frente a esta realidad, el papel de las organizaciones sociales ha sido crucial.
Desde la Fundación Empodérame, una organización feminista y con enfoque en derechos humanos, se alerta sobre el preocupante abandono institucional frente a este delito. Las víctimas siguen sin ser plenamente reconocidas, atendidas ni protegidas, y las redes criminales operan con niveles alarmantes de impunidad.
Una violencia que se esconde a plena vista
Uno de los principales desafíos identificados por Empodérame es la invisibilización estructural del delito de trata, especialmente cuando ocurre en contextos normalizados como la prostitución, el trabajo servil, la mendicidad forzada o el modelaje webcam. Muchas víctimas no se reconocen como tales y son vistas por la sociedad —y a veces por el Estado— como trabajadoras informales, migrantes irregulares o incluso como personas "libres" de elegir su condición.
A esto se suma la ausencia de rutas claras de atención, la falta de refugios especializados, y la inexistencia de programas diferenciados para mujeres, niñas, migrantes y personas LGBTIQ+. Las entidades responsables suelen carecer de formación adecuada, lo que genera revictimización, estigmatización y abandono.
Una normativa que no aterriza en la realidad
Aunque en Colombia existen normas como la Ley 985 de 2005 o el más reciente Decreto 1818 de 2023, que establece principios de prevención, protección y judicialización, su implementación sigue siendo limitada. La Fundación Empodérame, que presentó un derecho de petición al Ministerio del Interior (Radicado 2024-1-001303-057677), evidenció que no existen refugios, ni sistemas de evaluación, ni participación de sobrevivientes en la formulación de políticas públicas.
Esto demuestra una fractura entre el marco legal y la voluntad política para garantizar derechos. “El problema no es solo normativo, es de ejecución, presupuesto y voluntad. La ley sin acción es papel muerto”, afirma la directora de la organización.
La justicia sigue sin entender la trata
Uno de los mayores obstáculos es la desarticulación entre autoridades judiciales, fiscales, policías y el sector social. La justicia penal sigue abordando la trata desde una perspectiva meramente punitiva, sin incorporar enfoques de género, derechos humanos o reparación integral.
Las víctimas, en muchos casos, son tratadas como simples testigos en un proceso que no contempla su protección real ni su participación. Las ONG suplen estas falencias con acompañamiento jurídico, psicosocial y comunitario, pero lo hacen sin presupuesto sostenible, sin reconocimiento formal y muchas veces fuera del sistema institucional de protección.
Además, existe una clara brecha entre la investigación judicial y la inteligencia criminal. Las estructuras complejas y financiadores de las redes rara vez son procesados. Se captura a eslabones débiles, mientras los verdaderos beneficiarios de la trata permanecen impunes.
Trata y prostitución digital: una frontera difusa
Empodérame ha denunciado la expansión de la trata de personas en entornos digitales, particularmente a través del llamado "modelaje webcam". Plataformas y estudios que funcionan como fachadas de captación, coerción emocional y explotación económica se multiplican en todo el país.
Aunque no toda actividad en esta industria constituye trata, muchas mujeres son captadas bajo engaño, presión o necesidad, y luego sometidas a esquemas de control, dependencia económica y lucro ajeno. La normalización del discurso de “empoderamiento digital” ha dificultado la detección de estas violencias.
El Estado, hasta ahora, no ha desarrollado capacidades suficientes para investigar ni sancionar este tipo de explotación digitalizada, lo que deja a cientos de mujeres desprotegidas frente a nuevas formas de control y mercantilización.
Prevención desde las bases: educación, comunidad y redes de cuidado
La Fundación ha implementado campañas de prevención dirigidas a adolescentes, madres cuidadoras, comunidades migrantes y rurales, desarrollando talleres, materiales audiovisuales y procesos pedagógicos en colegios y territorios vulnerables. Su enfoque se basa en desmontar los mitos sobre la prostitución, el “éxito fácil” y la hipersexualización en redes sociales.
También se trabaja en el fortalecimiento del criterio crítico digital, promoviendo la identificación de captadores, el análisis de ofertas engañosas y la construcción de redes comunitarias de protección.
Recuperar sin revictimizar
La Fundación sostiene un modelo de atención integral donde las víctimas son reconocidas como sujetas de derechos, no como objetos de intervención. El acompañamiento incluye salud, educación, documentación, vivienda, autonomía económica y contención emocional.
No obstante, la ausencia de refugios especializados y programas a largo plazo impide procesos sostenibles. El acompañamiento individual es importante, pero sin estructura estatal sólida, muchas víctimas deben enfrentar el abandono institucional tras recibir una ayuda inicial simbólica.
Evitar la revictimización implica eliminar el trato asistencialista, los juicios morales y la burocracia que las castiga. Implica confiar en su capacidad de decisión, respetar sus tiempos y ofrecer verdaderas herramientas de reparación simbólica, emocional y material.
Cooperación sí, pero con liderazgo local
Empodérame propone fortalecer una mesa permanente de articulación entre el Estado, las organizaciones sociales y organismos internacionales, que permita el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas. La participación de sobrevivientes organizadas es clave.
Se requiere que la cooperación internacional no se limite a financiar burocracia, sino que apueste por acciones reales de protección, justicia y restitución de derechos. Sin participación real de las víctimas, cualquier plan queda incompleto.
Siete acciones urgentes para enfrentar la trata en Colombia
Crear refugios especializados con enfoque diferencial.
Implementar programas de vivienda y autonomía económica.
Incluir a las víctimas en la formulación de políticas.
Establecer sistemas de monitoreo y evaluación de impacto.
Publicar y auditar los convenios existentes con agencias internacionales.
Sancionar la demanda de prostitución, siguiendo el modelo nórdico.
Fortalecer la educación en derechos humanos y prevención digital.
La Fundación Empodérame reitera que la lucha contra la trata de personas no se gana con discursos, sino con acción coordinada, recursos reales, y voluntad política para enfrentar la explotación sin ambigüedades.
Escuchar a las víctimas y a las organizaciones que las acompañan no es un gesto simbólico: es el primer paso hacia una respuesta eficaz, humana y transformadora.
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